La Acusación Constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, busca establecer eventuales responsabilidades en no ejercer un control jerárquico en el Caso Convenios.

“Tranquilo” y confiado en la democracia se manifestó el ministro de Vivienda, Carlos Montes, a su llegada a la Cámara de Diputados para enfrentar la acusación constitucional por no ejercer el control jerárquico en el Caso Convenios, entre otros cargos. También reiteró que no va a renunciar.

Además, el ministro se mostró confiado en que el libelo no supere la cuestión previa, es decir, que la acusación sea declarada inadmisible. Pero aclaró que esa posibilidad de recurrir o no a la cuestión previa será resuelta en conjunto con su abogado defensor, Pablo Ruz-Tagle.

La acusación llega con recomendación de aprobar el libelo, aprobada este miércoles por mayoría en la comisión revisora. A favor votaron Víctor Pino (IND), Cristián Labbé (UDI) y Natalia Romero (IND). En contra lo hicieron Emilia Nuyado (PS) y Tomás Hirsch (PH).

¿Cuántos votos necesita la AC contra el ministro Montes para ser aprobada?

Para aprobar la acusación se requiere una mayoría de 78 de los 154 diputados habilitados para votar este jueves. Sin embargo, se estima que en sala habrá bastante menos parlamentarios por distintos motivos. De acuerdo a los cálculos, la oposición tendría un máximo de 65 votos.

Por otro lado, la acusación está compuesta por cinco capítulos. El principal apunta a que el ministro no ejerció el control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos a su cargo. El segundo capítulo se refiere a que tampoco ejerció el control en la actuación del personal de su dependencia en las transferencias de recursos a las fundaciones.

Además, según los acusadores, tampoco cumplió con sus obligaciones de dirección y fiscalización en la delegación de firma a las secretarías regionales ministeriales (seremis). Esto en el contexto de la ejecución del Programa de Asentamientos Precarios, entre 2022 y 2023.

El cuarto capítulo señala que el ministro infringió la ley al no observar los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución de dichos programas. Y finalmente, el quinto capítulo asegura que Montes infringió la ley al no denunciar los delitos respecto de los cuales habría tomado conocimiento.

 

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